Perú implementó un innovador esquema de estímulos fiscales para atraer inversiones privadas en minería, un sector clave para su economía. La estrategia incluye la eliminación de impuestos para proyectos mineros que inviertan en obras de infraestructura pública, como caminos rurales, escuelas y hospitales, mediante un sistema de “obras por impuestos”.
La medida busca reactivar una industria que representa casi el 10% del PBI y alrededor del 60% de las exportaciones del país. Actualmente, existen más de 60 proyectos por casi USD 60.000 millones, muchos de los cuales estaban demorados por falta de financiamiento y conflictos sociales.
Además de las ventajas fiscales, el Gobierno peruano ofrece estabilidad jurídica y simplificación de trámites administrativos, fortaleciendo la competitividad del sector frente a otros países mineros como Chile y México. Esta política es vista como un modelo para otras economías latinoamericanas que enfrentan desafíos similares para captar inversiones en minería.
El éxito del programa dependerá también de la capacidad estatal para fiscalizar los proyectos y garantizar que las obras públicas financiadas contribuyan efectivamente al desarrollo de las comunidades locales. Perú apuesta a que esta alianza entre Estado y empresas no solo dinamice la inversión, sino que también promueva un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
